La Ley de Tasas Judiciales, el proyecto de reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), Ley de Seguridad Privada, etc. nos acercan cada vez más desacaradamente a un Estado totalitario, como advierten las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, quienes en un reciente informe de abril de 2014 titulado “España: El derecho a la protesta, amenazado!” dice: “las autoridades están asfixiando las protestas pacíficas. Las multas, los maltratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial ante los abusos están afectando el derecho a la libertad de expresión y reunión”.
A lo largo del 2014 las peticiones de penas que pide la fiscalía, suponen más de ciento cuarenta años de prisión en los más de cuarenta procesos penales abiertos contra manifestantes y huelguistas, sin comprobar su implicación y culpabilidad. Entre estos casos destacan los de Carmen y Carlos de Granada, condenados a tres años y un día y a entrar de forma inminente en la prisión para participar en un piquete informativo del 15M durante la Huelga General del 29 de Marzo de 2012. El caso de Miguel e Isma, que han permanecido varios meses en prisión preventiva después de su participación en las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de Marzo de 2014. El caso de Roger y Mercader, participantes en el piquete informativo del comité de huelga de la asamblea de Sant Andreu el 29M de 2012 para quienes se pide 8 años de prisión. O los 6 compañeros de la empresa Expert para quien se los pide entre tres y cinco años de prisión para cada uno después de una desproporcionada carga policial durante el conflicto en el año 2004 por el cierre de la mencionada fábrica y el despido de toda la plantilla.
Desde CGT tenemos claro que no lo conseguirán. Somos millones quienes estamos defendiendo la democracia directa, la justicia social, millones atentos a ejercer el apoyo mutuo para resistir y avanzar. No descansaremos hasta conseguir la absolución y liberación de la totalidad de las y los imputados y encarcelados.
F. I. de la CGT de Lleida
